Esta madrugada se sancionó la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Desde que nos enteramos que el 29 de diciembre se trataba el Senado algo nos conmovió. Parecido a lo que sentimos el 8 de agosto de 2018, aunque con una diferencia: esta vez y en cumplimiento de una promesa de campaña que plasma una de las demandas más urgentes del movimiento feminista, el Presidente de la Nación enviaba un proyecto con la vocación de que sea Ley. Más de dos años después, en la tierra arrasada por la pandemia macrista y una presencia nueva, la del tapaboca, junto al calor de diciembre, nos separaban de aquel invierno.

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Sobre la Avenida Callao hacia el lado de Corrientes, estaban las carpas verdes pobladas de compañeras que durante años militaron por la legalización del aborto seguro y gratuito: centrales de trabajadores y trabajadoras, sindicatos, organizaciones políticas y de la sociedad civil, activistas. Mientras recorríamos la calle se nos vino a la cabeza la consigna de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Coreada incansablemente por la marea verde: “educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir”.

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La Ley de Educación Sexual Integral se sancionó en el año 2006 durante el gobierno de Néstor Kirchner a partir de una articulación transversal que permitió sostener la resistencia a los sectores que se oponían a otorgar herramientas para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. La ESI fue y sigue siendo transformadora, cambió las prácticas, habilitó la palabra. Como docentes, sindicalistas y trabajadoras del Estado, vimos en las aulas cómo esa ley permitió crear caminos posibles para preguntarnos por cuestiones que tradicionalmente fueron caracterizadas como privadas y tabú. La “educación sexual para decidir” la militamos en las escuelas entre docentes y estudiantes que se apropiaron de sus contenidos y que le dieron voz y fortaleza a la pregunta, la hicieron militancia en los barrios, en los sindicatos y en las organizaciones, formándonos, acercando un cuestionamiento, o armando una consejería. Usamos un instrumento jurídico para construir el ejercicio de un derecho.

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La tarde cedió pasadas las ocho de la noche. Sentadas en el asfalto junto a nuestras compañeras escuchamos a un senador que votó en contra decir: “no se trata de una cuestión de salud, salud pública es entregar anticonceptivos”. ¡Qué paradójico! Apelar al uso de anticonceptivos como única solución, cuando muchas veces somos atravesadas por las violencias patriarcales de todo tipo. Si bien el Ministerio de Salud de la Nación publicó en el año 2004 la Resolución Nº 310, que otorga cobertura del 100% de los medicamentos de uso anticonceptivo que se encuentran comprendidos en la Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable, hay muchos límites al acceso. No es fácil elegir qué método usar, conseguirlo, o incluso usar alguno. Cuando decimos: “anticonceptivos para no abortar” exigimos acceso a la información para tener la posibilidad de planificar nuestras vidas, para poder desear gestar y no gestar. Para poder desear y punto.

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Cuarta noche, de vigilia escuchando los discursos a favor y en contra de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Hace un año atrás volvíamos a tener Ministerio de Salud y festejábamos el protocolo de abortos no punibles, que cumplía con el compromiso de gestionar un Ministerio Verde. Esa norma es un instrumento sanitario para garantizar un derecho humano que siempre debió estar resguardado: el acceso a un aborto seguro en caso de que exista un peligro para la salud de la persona gestante, y de embarazos producto de una violación.

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Las trayectorias militantes y los recorridos de ampliación de derechos en el marco de un Estado que se hace cargo de las demandas populares nos emocionan. Fue un proceso arduo y largo. Y lo seguirá siendo. Militar la ley de interrupción voluntaria del embarazo implica un avance enorme en los derechos de las mujeres y las personas con capacidad de gestar. Es también la alegría colectiva: los abrazos de nuestras amigas y compañeras, el glitter, los llantos de tristeza, la bronca, la incansable presencia en la calle, en nuestras organizaciones, en las aulas, en el sindicato, en las reuniones familiares; es charlar con gente desconocida en la calle que te pregunta por el pañuelo verde para explicar por qué la legalización del aborto es un problema de salud pública que debe resolverse; es el “poroteo” para ver si llegamos con los votos, el frío y el enojo de ese agosto del 2018 y, de nuevo, los abrazos y la sororidad de nuestras compañeras.

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Todo lo que hoy logramos de forma colectiva, porque los logros al igual que las memorias siempre son un collage compartido, este “aborto legal para no morir”, solo fue posible con un Gobierno que cree en la ampliación de derechos. Históricamente el peronismo construye y se hace cargo de las demandas populares, eso también hace la diferencia en relación al escenario de hace dos años atrás. El feminismo nos enseñó a politizar nuestras vidas, se nos hizo inevitable entender que lo personal es político. El peronismo nos demuestra, siempre, que el amor vence porque construye.