Décadas de violaciones masivas a la dignidad humana dieron lugar al progresivo reconocimiento de los derechos humanos a nivel nacional e internacional, poniéndolos en agenda luego de la dictadura cívico militar que atravesó nuestro país y aún más desde el año 2003. Sin embargo, los hechos nos suelen demostrar su lejanía respecto a cualquier instrumento jurídico que los reconozca, lo que nos deja como desafío crear nuevas herramientas que tiendan a su protección. 

 

Así, se vuelve relevante el efectivo acceso a la justicia de la ciudadanía. Entendiendo el mismo como derecho fundamental pero también como política pública, como herramienta de transformación de las diversas y complejas realidades de los y las ciudadanas de Avellaneda. A través de un concepto amplio, ya no como mero sinónimo de acceso a la jurisdicción, sino como acceso a la justicia social, creemos que es necesario llevar adelante propuestas que permitan conectar el Estado y la sociedad,  reconociendo las diversas formas de organización social existentes en los distintos territorios que complementan (y algunas veces suplantan) la intervención institucional. Proyectos que procuren la búsqueda de la superación de procedimientos públicos, la generación de redes de articulación y contención que permitan suprimir los obstáculos que impiden el acceso a derechos de los vecinos y vecinas del distrito.

 

La falta de acceso al derecho tiene como una de sus consecuencias el aumento en la conflictividad social, por eso acompañamos y revalorizamos el cambio de paradigma en la concepción de la SEGURIDAD, dejando de lado la noción meramente policial y punitiva, y yendo hacia una mirada integradora sobre la multicausalidad de la fenomenología del delito y las violencias y la multiagencialidad de las respuestas. Para ello proponemos un análisis exhaustivo sobre su reconceptualización, las causas y la elaboración de propuestas sobre las diferentes maneras de abordaje posibles con el objeto de reducir el delito y las violencias en la comunidad.