El proceso de centralización urbana está dando como resultado un número creciente de habitantes en barrios marginados, infraestructuras y servicios inadecuados y sobrecargados (como la recogida de residuos y los sistemas de agua y saneamiento, carreteras y transporte), lo cual aumenta la contaminación ambiental y el crecimiento urbano incontrolado. Avellaneda registra un porcentaje bajo de territorio en condiciones críticas de habitabilidad, se ha hecho mucho pero aún debemos realizar un esfuerzo final.

 

Donde se construye una carretera, una vía férrea, se instala una torre de telecomunicaciones o se edifica un puerto se está abriendo una posibilidad hacia  el  desarrollo y la inclusión social. Tener más disponibilidad de vías de comunicación terrestre permite un desplazamiento que amplíe el acceso de la población de nuestra ciudad a otros territorios, como así también incrementar el mercado de productos, que los y las trabajadoras puedan trasladarse con mayor facilidad a sus empleos, acceder a servicios médicos y educativos, entre otros. Es imperante la necesidad de extender el ritmo de circulación del transporte público para que el desplazamiento dentro del municipio sea de mejor calidad, y por ejemplo, la ciudadanía pueda recuperar el disfrute en el ritmo de vida cotidiano.

 

El impacto de la pandemia de COVID-19 es aún más demoledor en las zonas urbanas más vulnerables y densamente pobladas, especialmente para las personas que viven en asentamientos informales y en barrios marginados, donde el hacinamiento también dificulta cumplir con las medidas recomendadas, como el distanciamiento social y el autoaislamiento. Queremos una ciudad que incorpore a la variable del desarrollo urbano la perspectiva ambiental, buscando el equilibrio ecosistémico del territorio en el que habitamos.

 

Las problemáticas y desigualdades que se vieron profundizadas durante la crisis sanitaria dejaron al descubierto una variedad de derechos no garantizados, tales como el inacceso a las condiciones sociotécnicas en las que no hay espacios comunes que permitan interacciones sincrónicas y herramientas de soporte tecnológico; situación que impedía trabajar, estudiar e incluso mantener vínculos. Creemos necesario profundizar el acceso a la misma desde una perspectiva de un Estado militante que se haga presente en estas desigualdades y facilite el desplazamiento de la población en el territorio. 

 

La conectividad territorial junto con el acceso a dispositivos tecnológicos, en un contexto en el que emergen nuevos territorios virtuales que plantean grandes desafíos a la hora de establecer vínculos; constituyen las condiciones necesarias para garantizar el acceso a otros derechos y, por lo tanto, permitirá un camino para acortar la brecha de la desigualdad digital. El valor de la conectividad es central para potenciar el desarrollo de nuestra ciudad, para planificar y revisar la urbanización de la misma y para promover el acceso a derechos de cada persona que elige Avellaneda para habitar. 

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Por último, en consonancia con lo anteriormente propuesto sobre la pandemia y sus consecuencias, entendemos necesario la generación de estrategias para llevar a cabo planes de acción en los territorios virtuales, comprendiendo que los sectores en los que el Estado debe estar aún más presente no son únicamente físicos. Pensar en la ampliación de la garantía de derechos también implica retomar los nuevos desafíos en esta nueva normalidad que está enfrentando cotidianamente la ciudadanía de Avellaneda.