Hoy se cumplen seis años del primer Ni Una Menos como grito contra las violencias machistas y el deseo colectivo de poder vivir vidas libres de violencias. Sin embargo, estas demandas siguen estando vigentes, por ello nos convoca la pregunta sobre cuál es el rol del Estado en estas situaciones a partir de la transversalización de la perspectiva de género en la implementación de políticas públicas, pero también, poder entender y analizar críticamente los entramados y complejidades de las violencias en razón del género.

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La construcción de la violencia en nuestra sociedad

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    A lo largo de la historia los varones cis han ocupado espacios de poder, es decir, de toma de decisiones y han tenido acceso a lo que comúnmente se denomina espacio público. Esto quiere decir que según la identidad de género con la que nos autopercibamos, y con la que la sociedad nos percibe, accedemos a más o menos derechos.
Ahora bien, si nos preguntamos qué tipo de derechos nos son negados según nuestras identidades de género y nuestros deseos, es importante, necesario y urgente analizar y pensar el abordaje de esta problemática desde una perspectiva feminista, interseccional, histórica y política de nuestra sociedad.

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    Generalmente, lo primero a lo que asociamos la violencia de género son los femicidios y trans travesticidios. Sin embargo, estos hechos forman parte y son el resultado de diferentes tramas de complejidades en nuestra sociedad. En otras palabras, los femicidios y trans travesticidios son la expresión más violenta y cruenta hacia lo que la sociedad percibe ”distinto”, “forzado”, ”degenerado”, “no normal” y forman parte del universo de violencias que se combinan con los micromachismos y las violencias más sutiles y naturalizadas que atraviesan la trama social en todo tiempo y lugar del desarrollo de las relaciones interpersonales privadas, sociales y públicas institucionales.

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    Para erradicar toda forma de violencia y transformar las relaciones sociales vigentes, es fundamental contar con políticas públicas integrales que aborden desde la prevención y el acompañamiento, al tiempo que se requiere la mirada atenta y empática del personal que las lleva a la práctica, revalorizando la idea que sostiene: que es importante qué hacemos pero también, y fundamentalmente, cómo lo hacemos. Las violencias en razón del género tienen diferentes grados y se complejizan de manera interseccional, ya que se ve profundizada por diferentes variables como la económica, étnica, etaria, religiosa, entre otras. Las formas que adquiere la violencia se construyen socialmente, y se reflejan en variadas situaciones como, por ejemplo, los juguetes “asignados” a las niñas que se encuentran disponibles en el mercado y contribuyen a reforzar un estereotipo de mujer hegemónico, o la promoción de carreras universitarias asociadas a la masculinidad o femeneidad y no a las habilidades o intereses individuales de las personas; y así a lo largo de nuestras vidas nos encontramos con estas situaciones que pueden ir variando los grados en que sufrimos dicha violencia. Situaciones tales como la brecha de género existente en los salarios, el techo de cristal, la falta de acceso al trabajo, e incluso la negación del derecho a la propia identidad para las personas travestis y trans, entre muchas otras que atravesamos cotidianamente.

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    En este sentido y teniendo en cuenta la perspectiva política e histórica de nuestro país, no resulta un dato menor la importancia del rol del Estado como creador de políticas públicas y escuchando atentamente las demandas de diferentes colectivos.

 

    A pesar de los avances en materia de acceso a derechos y visibilización de las violencias, nos encontramos con diferentes formas de recrudecimiento de las mismas.

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El contexto de pandemia y el rol del Estado

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    En el marco de la Pandemia y de la situación a la que nos enfrentamos hace ya más de un año, nos preguntamos: ¿Qué sucedió durante este período? Durante el transcurso del año 2020 sabemos que tuvimos 253 femicidios, 8 travesticidios y transfemicidios, y 29 vinculados. Con respecto a este año, según un informe del “Observatorio Lucía Pérez de Violencia Patriarcal”, sabemos que hasta el mes de mayo contamos, tristemente, con 127 femicidios, transfemicidios y travesticidios, lo cual denota un incremento en los casos. Es importante tener en cuenta que, dichos femicidios y trans travesticidios son, en muchos casos, el resultado de una situación de violencia prolongada en el tiempo. Si prestamos atención a quiénes son los que lo llevan a cabo encontramos que la mayor parte según los datos arrojados constituyen a parejas, ex parejas y conocidos. Incluso, el espacio donde mayormente se producen estos hechos son en la casa de la víctima y en el domicilio compartido con el femicida. 

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    El Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, en articulación con otros sectores del Estado, frente a la grave situación, han desarrollado durante el año 2020 una serie de políticas públicas orientadas a reducir la violencia contra las mujeres y disidencias. En Junio de 2020 se elaboró una propuesta de plan integral que busca abordar de manera participativa, federal, multiagencial, transversal e interseccional la problemática estructural. Para ello, se convocaron foros federales presenciales y virtuales con la participación de organizaciones sociales, políticas, comunitarias y de la sociedad civil. De igual forma, se llevaron a cabo foros con instituciones y actores de los tres poderes del Estado.

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    Las medidas que específicamente se llevaron a cabo en el marco de la emergencia sanitaria tuvieron que ver, principalmente, con el refuerzo al acceso de derechos y los canales de comunicación para información y contención. En este sentido, la línea 144 se vio reforzada a partir de sumar más personal y recursos tecnológicos para atender las demandas, a su vez, se lanzaron campañas para ampliar la llegada y la difusión de dicha línea a partir de un correo electrónico, una aplicación para celulares y un número de whatsapp. 

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    También se creó un protocolo para que aquellas personas víctimas de violencia puedan ser exceptuadas de las medidas de aislamiento por motivos de fuerza mayor y se estableció una articulación entre organizaciones sindicales y universitarias para que quienes se encuentren en un caso extremo de violencia de género puedan tener a disposición hoteles y espacios de resguardo durante la cuarentena.

 

   Además, se gestionó en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación la incorporación de mujeres que sufren violencia de género al Programa Potenciar Trabajo para brindar un acompañamiento económico y social. También, se lanzó la campaña “Barbijo Rojo” junto a la Confederación Farmacéutica Argentina, que consistía en poner a disposición las farmacias como espacios donde las personas que sufren violencia pueden acudir para solicitar asistencia y ponerse en contacto directo con la Línea 144.

Con respecto a la población LGTBI+, se tomaron dos medidas: por un lado, se reforzó la asistencia alimentaria para personas travestis y trans; y por otro, se gestionó la incorporación de las mismas a programas del Ministerio de Desarrollo Social. 

 

    Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado es necesario considerar el recorrido histórico que ha llevado a cabo el Estado a partir de la articulación con colectivos feministas y entre los diferentes poderes que lo conforman, como así también la importancia de un Estado que escucha y atiende demandas sociales a diferencia de lo transcurrido en materia de políticas públicas con perspectiva de géneros durante el gobierno de Mauricio Macri.

 

    Hoy contamos con un Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad lo cual implica un cambio rotundo a la hora de poder planificar políticas públicas contando con un espacio legitimado y legitimante dentro de la estructura de gobierno. Sin embargo, la estructura del patriarcado no cambia ni se puede desandar de un día para el otro, es decir, son procesos cuya complejidad implica transformaciones a nivel macro y micro.

 

    Desde una perspectiva micro, teniendo en cuenta que lo personal es político, poder llevar a cabo un cambio en nuestros vínculos sexo-afectivos, familiares, de amistad, en nuestras relaciones laborales, entre otras, es necesario para poder pensar y vivir nuestras vidas libres de violencias. Es imprescindible que todos los ámbitos del Estado incorporen una mirada deconstruida e inclusiva en el diseño de las políticas públicas, y que esta tarea la emprendan solo dos de sus tres poderes es definitivamente suficiente mientras el Poder Judicial continúe considerando no necesario capacitarse en perspectiva de género.

 

    ¿Cómo es posible que la Justicia siendo uno de los principales actores en esta red compleja de violencias no cumpla con la Ley Micaela? ¿Cómo vamos a cambiar las situaciones de revictimización, el accionar de la justicia patriarcal y las desigualdades estructurales que la atraviesan y componen?

 

    Queremos cambiarlo todo. Y este todo implica a nosotras, nosotres y nosotros mismos reviendo y pensando constantemente nuestros vínculos, acciones y los lugares que habitamos cotidianamente. Queremos cambiarlo todo porque nos duelen las violencias y muertes que nos atraviesan cotidianamente. No queremos más femicidios, transfemicidios y travesticidios, no queremos más Micaelas ni Tehueles. La implementación de la ley Micaela es el desafío cotidiano, el despertar institucional que necesitamos para habitar definitivamente espacios donde las violencias machistas no pueden anidarse. Queremos y exigimos vidas más vivibles, libres de violencias, necesitamos seguir construyendo con el Estado y seguir pensando nuevas formas para poder lograr uno feminista e interseccional. 

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