Desde IDEAL Avellaneda, a través de la Comisión de Acceso a la Justicia, Derechos Humanos y Seguridad Democrática, y en consonancia con las acciones que llevamos adelante desde la Consejería de Género del Instituto, venimos trabajando arduamente para generar propuestas, ámbitos y proyectos que permitan la creación o mejora de distintas herramientas que sirvan a nuestra comunidad para que efectivamente ejerzan todos sus derechos de forma plena. 

​

En esta búsqueda,consideramos importante comenzar a relevar cuál es la percepción de nuestras vecinas sobre el efectivo acceso a la justicia en Avellaneda entendiendo, desde la experiencia territorial, que los discursos académicos sobre la “reforma judicial feminista” no trascienden por completo a los colectivos de mujeres y que el Poder Judicial sigue siendo inaccesible para aquellas mujeres que requieren la protección de derechos vulnerados. 

Ellas que como mujeres, madres, hijas, parejas y trabajadoras suelen encontrarse con constantes situaciones de vulnerabilidad y su vez deben cargar con una gran mochila de violencias ejercidas hacia ellas, de mayor o menor escala.

​

Es así que en un trabajo articulado con compañeras militantes del territorio de nuestro distrito y con la Universidad Nacional de Avellaneda -a través de las prácticas profesionales de investigación que se brindan en nuestro espacio-, diseñamos y ejecutamos este relevamiento; sobre la base de las siguientes preguntas: ¿Cuál es la percepción de las mujeres de Avellaneda sobre la violencia por motivos de género? ¿Cómo fueron sus propias experiencias en rutas y recorridos institucionales? ¿Cuál es su percepción sobre el acceso a la justicia y el poder judicial? ¿Qué características asumen las intervenciones judiciales? ¿Qué implica una reforma judicial feminista?. 

​

En el presente informe nos proponemos como objetivo general reflexionar en torno a la percepción de las mujeres de Avellaneda sobre la violencia por motivos de género y sobre el acceso a la justicia en nuestra ciudad. 

Para esto, realizamos entrevistas a trabajadoras de instituciones que intervienen en situaciones de violencia por motivos de género y una encuesta basada en un tipo de muestreo no probabilístico dirigida a mujeres de distintas edades, abarcando el rango de 18 a 75 años, y de todas las localidades de la ciudad de Avellaneda: Wilde, Sarandí, Villa Domínico, Pinñeyro, Avellaneda, Gerli y Dock Sud. La misma fue realizada de forma anónima y aleatoria.  

 

Violencia por motivos de género: ¿una idea instalada?

 

En el año 2009, en nuestro país, se sancionó la ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. La norma define “violencia contra las mujeres” de la sigueinte forma:

 

“...toda conducta, acción u omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes.”

 

Los debates, movilizaciones y prácticas militantes en torno a temáticas de género, permitieron ampliar esta definición y considerar la violencia por motivos de género como una violación de los derechos humanos desde una perspectiva amplia y compleja. Al destacar que la definición refiere a una “relación desigual de poder”, es posible considerar que se trata de un fenomeno multicausal que afecta no solo a mujeres sino también a niñas, niños, lesbianas, gays, bisexuales, travestis, trans, intersex, no binaries y cualquier otra identidad sexo-génerica que transgreda la matriz inteligibilidad heterosexual.

​

En parte, esta perspectiva fue adoptada por diversos organismos del Estado. Un ejemplo es el caso del Ministerio Público Fiscal (2020), que considera que, si bien la violencia por motivos de género “se trata de una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre varones y mujeres”, este término “abarca también a aquellas personas a quienes se considera que desafían las normas de género” (p. 3). Asi, se considera que las relaciones de desigualdad se extienden a identidades y coporalidades que se distinguen del sujeto hegemónico del patriarcado, “varón, blanco, heterosexual, sin discapacidad” (p. 4).

Si bien la discusión social y la formulación de políticas públicas en nuestro país ha traído el debate sobre las implicancias o alcance de la violencia por motivos de género, es entonces necesario conocer las miradas de los colectivos involucrados de forma ordenada. En esa línea, hemos realizado un recorte y hemos comenzado a indagar en las percepciones de las mujeres que viven en Avellaneda. 

​

Es por esto que en la encuesta realizada les preguntamos a las mujeres qué es para ellas la violencia por motivos de género. Entre diversas opciones, un 44,5% de las mujeres encuestadas consideró que todas las violencias descritas eran violencia de género, entiendo que puede abarcar las siguientes formas: de un hombre a una mujer; entre mujeres; entre hombres; de una mujer a un hombre; siempre que haya una mujer, sea víctima o victimaria; siempre que una mujer o comunidad LGTB+ sea la víctima de la violencia ejercida por un hombre, por su condición de género; de un hombre a una mujer o de una mujer a un hombre. 

En esta misma pregunta, un 26,9% consideró que existe violencia por motivos de género siempre que una mujer o comunidad LGTB+ sea la víctima de la violencia ejercida por un hombre, por su condición de género y un 20,5% consideró que se trata de situaciones de violencia de un hombre a una mujer.

​

En este sentido, es posible considerar que si bien el término está ampliamente difundido en nuestra sociedad, no hay una comprensión precisa de qué es la violencia por motivos de género,  que implica, en qué contextos se presentan o que elementos la caracterizan. 

A su vez, consultamos sobre el conocimiento de los distintos tipos de violencia, siendo la violencia física la que alcanza el mayor grado de conocimiento con un 97,2% de respuestas afirmativas, seguida de la violencia psicológica (94,3%) y la violencia sexual (90,5%). En menor grado de conocimiento se ubican la violencia económica y patrimonial (89%) y la violencia simbólica (69,3%).

​

En cuanto a los ámbitos donde pueden desarrollarse las situaciones de violencia por motivos de género, el 92,6% de las mujeres encuestadas manifestó que puede suceder en todos los ámbitos. 

Así, resulta necesario resaltar que no es conveniente considerar ideas instaladas y dar por finalizados los debates. Se trata más bien de nociones en permanente construcción, sentidos en disputa y discusiones que es preciso actualizar para diseñar campañas de sensibilización comunitaria que permitan considerar la complejidad y multicausalidad de la violencia por motivos de género. Resulta imprescindible para poder trabajar en la prevención y erradicación de la violencia por motivos de género, que primero se entienda que es, por qué sucede, qué particularidades presenta y porque deben ser entonces situaciones con intervenciones distintas a las tradicionales. Esta premisa adquiere mayor validez en el contexto actual, en el que el gobierno nacional deslegitima las discusiones del movimiento feminista, niega la violencia por motivos de género y desfinancia los programas destinados a promover la justicia de género.

 

Acceso a la justicia en situaciones de violencia por motivos de género

 

El 66,1% de las mujeres encuestadas manifestó haber atravesado alguna situación de violencia por motivos de género, las cuales un 73,8% fue ejercida por parejas o ex parejas y el 32,1% por familiares. Respecto a dichas situaciones solo un 37,4% expresó haber realizado la denuncia, mientras que un 62,5% de las mujeres no lo hizo o no pudo realizarla.  

​

En relación a quienes realizaron la denuncia, la mayor parte de las mismas fueron realizadas en comisarías (77,1%) y sedes judiciales (37,1%). Si bien la mayoría manifestó haberse sentido escuchada y respetada (50,6%), un 37,7% indicó sentir que no le respetaron el derecho a estar acompañada y un 53,2% manifestó que no les explicaron, ni tampoco entendieron, que implicaba y como era el proceso que estaban iniciando. 

Al consultar sobre la utilidad de la denuncia, el 54,3% de las mujeres encuestadas manifestaron sentir que no valió la pena realizarla. 

​

Es decir, 6 de cada 10 mujeres encuestadas sufrieron en su vida algún episodio de violencia vinculadas a su género, las que fueron ejercidas en su gran mayoría por personas conocidas y cercanas a ellas. Y a su vez, la gran mayoría de ellas no efectuaron las denuncias pertinentes, y de quienes sí lo hicieron, más de la mitad expresó sentir que no se les brindó información y además que no tuvo mucha utilidad hacerla realizado.  

En consecuencia ¿Qué características asumen las rutas institucionales transitadas por las mujeres que atraviesan situaciones de violencia de género? ¿Qué trato reciben? ¿Por qué consideran que no sirven las denuncias?  

​

En el marco del presente trabajo, conversamos con una persona que trabaja en un Centro de Acceso a la Justicia (CAJ), perteneciente al Ministerio de Justicia de la Nación. Política pública diseñada en 2008 con la intención de ofrecer un dispositivo descentralizado conformado por un equipo interdisciplinario (abogacía, psicología, trabajo social, administración) que garantice el acceso a derechos y la gestión de trámites estatales. El asesoramiento en el CAJ es personalizado, cara a cara, con disponibilidad para abordar las consultas e inquietudes que se requieran. No obstante, esto depende del equipo de trabajo conformado en cada caso y de la conducción política de turno que acompañe a tales trabajadoras. 

​

En la experiencia de la persona entrevistada, la mayor parte de las consultas en el CAJ son por cuestiones legales, especialmente por demandas de alimentos u otras situaciones de violencia por motivos de género. En relación al abordaje, la persona entrevistada relata: 

 

“...Hacemos asesoramiento, recibimos la documentación, hacemos la conexión con el juzgado, informes psicológicos y socioambientales (...) Tenemos como objetivo ser abiertos a las preguntas y explicamos todas las veces que necesiten, tratamos de que el contacto sea personal y darles un seguimiento continuo a las causas.”

 

En este punto, es preciso señalar el rol de trabajadoras y trabajadores que se comprometen a trabajar desde una perspectiva de género y de derechos que garantice el acceso, promueva acompañamientos integrales y facilite el tránsito por rutas institucionales. Al mismo tiempo, es necesario marcar los obstáculos en el acceso que configuran un sistema muchas veces excluyente que no logra suplir demandas y garantizar derechos. 

Al hablar de los procedimientos judiciales, la persona entrevistada destaca que “hay demoras en todos lados”. Además, destaca la falta de información sobre qué procesos se llevan adelante en cada situación y, principalmente, la falta de perspectiva de género. En relación a ello, resalta que la carátula de las causas de violencia por motivos de género son caracterizadas como “violencia intrafamiliar” lo que implica que “dentro de esa carátula entran los casos de violencia por motivos de género, así como también los casos de hombres que denuncian a su suegra”. Afirma, entonces, que “no se utiliza la ley 26.485 de violencia contra las mujeres”. Asimismo, sostiene:

 

“En el trato de los juzgados tampoco hay perspectiva de género. Por ejemplo, no se toman en cuenta las denuncias que acumulan las mujeres contra el progenitor para pelear los alimentos, eso no se toma en cuenta en las audiencias. Quizá hay alguna que otra compañera que tiene una mirada distinta, pero la mayoría de las veces no pasa. Y bueno, en la defensoría tampoco hay acompañamiento para las situaciones de violencia, la mujer tiene que contratar un abogado particular para continuar con el proceso”.

 

En relación a las denuncias de violencia por motivos de género, resalta que es importante hacerla para acceder a medidas de protección, como la restricción perimetral, el botón de pánico y la exclusión del hogar. Sin embargo, destaca:

 

“Tardan un montón de semanas hasta que te las dan. Si la mujer no tiene donde quedarse, una red, está a la deriva, termina abajo del techo del violento nuevamente. Hay mujeres que tienen denuncias acumuladas años y tampoco hay solución”.

 

Las doble cara de las tareas de cuidado: violencia económica y simbólica

 

Dentro de las diversas desigualdades existentes por motivos de género, encontramos las tareas de cuidado respecto a hijos e hijas. En ese marco le preguntamos a aquellas encuestadas que tienen hijos/as menores de 18 años o con alguna discapacidad que les impida llevar su vida de forma independiente, quienes eran las personas encargadas de las tareas de cuidado de sus hijos/as, respondiendo en un 75,8% que eran ellas quienes se encargaban, en contracara del 21,2% que contestó que eran ambos los progenitores realizaban las tareas del cuidado.

​

Esto pudo corroborarse con ciertas preguntas tales como quién se encargaba de llevarlos al colegio o al club, de su velar por su higiene personal, de llevarlos al médico o poner un límite en el caso de necesitarlo, mediante las cuales se pudo observar que en todos los casos son las mujeres las que realizan dichas tareas en la vida cotidiana. Entendiendo que las tareas de cuidado deben entenderse en su concepto amplio y real, no únicamente como interacciones esporádicas. 

​

Por su parte, en relación a aquellas mujeres que ya no están en pareja con el padre de sus hijos, pudimos identificar que el 62,96% no cumple con el pago de la cuota alimentaria para solventar los gastos de sus propios hijos e hijas, mientras que de quienes si pasan, el 40,04% no supera los $50.000. Así como también, el 29,4% mencionó que tuvo que iniciar un expediente judicial respecto al ejercicio de las responsabilidades parentales mientras que otro porcentaje similar cree que debería haberlo iniciado. 

​

Por otro lado, se pudo constatar que el porcentaje mayoritario de las mujeres que respondieron la encuesta -es decir un 32,6%- no supera los 200.000 pesos por mes de ingreso, mientras que el 59,5% de aquellas que estaban en pareja sostuvieron que sus parejas ganan más que ellas.

Estos datos, sumados a la gran disparidad en términos de acceso a la independencia económica se vuelven fundamentales a la hora de visibilizar la violencia económica y simbólica que deben atravesar nuestras vecinas, quienes deben cumplir el rol de cuidado en condiciones de vulnerabilidad debido a la irresponsabilidad por parte de los progenitores. 

 

Percepciones sobre el Poder Judicial 

 

El 54,7% de las mujeres encuestadas, manifestaron haber recurrido al Poder Judicial en alguna ocasión, incluyendo áreas penales y de familia. Entre este porcentaje, al preguntar sobre la atención y la forma de trabajar, al 61,7% expresó considerarla poco (34,9%) o nada satisfactoria (26,8%), mientras que el 25% optó por la opción satisfactoria (21,5%) o muy satisfactoria (3,5%). El 13% restante dijo no saber responder la pregunta. 

Entre el 61,7% de las personas mencionadas que manifestaron que su percepción sobre la atención y la forma de trabajar era poco o nada satisfactoria, el 44% atribuyó como causa principal que “no conocen los problemas de la gente”, el 34,9% considera que “no les interesa”, así como  el 20% considera que “son pocos trabajadores” y el 20% restante lo atribuye a otras causas. 

​

A su vez, el 84,8% de las mujeres encuestadas reconoce que el Poder Judicial es un Poder del Estado. Y el 90,1% considera que las decisiones tomadas por el Poder Judicial afectan la vida cotidiana de todas las personas, lo que da cuenta de una clara percepción de su relevancia. 

Ahora bien, al indagar sobre si conocían como estaba compuesto el mismo, más de la mitad (el 51,2%) respondió que no; y en esa misma línea el 60,8% de las personas encuestadas manifestó conocer, en líneas generales, cuáles son las funciones de los jueces fiscales y defensores oficiales, mientras que el restante 39,2% no lo sabe. 

​

Otro rasgo importante es que al consultar sobre si conocían quién era el presidente  de la nación o el intendente, y a los jueces, fiscales y defensores que trabajaban en Avellaneda: mientras que el 96,5% de las mujeres encuestadas reconoce al presidente e intendente, el 80,5% no sabe quiénes son lxs jueces, fiscales y/o defensores oficiales de Avellaneda. Y sobre este último punto, el 72,3% considera que no está bien tal desconocimiento.

En este sentido, podemos decir que, las mujeres encuestadas consideran que la gente no conoce a lxs integrantes del poder judicial y al mismo tiempo ellxs “no conocen los problemas de la gente”, pese a reconocer la influencia de sus decisiones en la vida cotidiana de las personas. Este panorama describe la percepción de un sistema judicial con cierta desconexión de los problemas reales, pero con gran influencia sobre ellos.

 

Reforma judicial

 

En último termino, nos pareció esencial conocer la percepción de las mujeres respecto a la necesidad de que efectivamente se realice una reforma judicial feminista. En ese aspecto, un 79,5% de las mujeres encuestadas consideró que debería haber una reforma judicial feminista, un 13,4% manifestó no saber o no desear contestar y solo un 7% respondió negativamente. No obstante, y algo que alerta, es que el 73,5% de las mujeres encuestadas no sabe qué implica esta propuesta, y a un 91,5% le gustaría tener más información sobre el proyecto. 

​

Como actoras que pueden aportar a la transformación de las instituciones y entendiendo que tal discusión incluye a la sociedad e, nos parece significativo recuperar las opiniones y experiencias de de una trabajadora judicial, quien desempeña sus tareas en una Fiscalía especializada en violencias por motivos de género. La entrevistada sostuvo que desde la Justicia “en materia de género, se intenta compilar indicios y pruebas que permitan comprobar los hechos denunciados y luego se espera que el denunciado obtenga una sanción penal”  y que tal trabajo “se sustenta en la amplitud probatoria que promueve la ley 26.485”. En esa misma línea sostuvo: 

 

“En los últimos años han cambiado algunas cuestiones en relación al abordaje. Se crearon dependencias especializadas que posibilitan una mejor respuesta aunque faltan recursos humanos y materiales. El ámbito judicial brinda una respuesta limitada a la problemática de género y tiene que ver únicamente con la disposición de medidas de protección (fuero de familia) y medidas coercitivas de los denunciados en casos graves (...). El desafío permanente es el trabajo inter y transdisciplinario para un abordaje integral teniendo en cuenta las particularidades de la violencia por motivos de género”.

 

Por último, remarcó que como trabajadora de la Justicia también considera necesaria una verdadera reforma feminista dentro del Poder Judicial “que implique abordar con perspectiva de género, de víctimas y de infancias, a fin de remover las prácticas judiciales machistas históricas”. Para ello cree que es primordial (i) la remoción de funcionarios y magistrados que siguen sosteniendo esas prácticas violentas, (ii) la incorporación de mayor recurso humano, formados con perspectiva de género; y (iii) la capacitación real y permanente en materia de género, “que implique talleres y actividades  presenciales y auditorías permanentes”. 

Finaliza su entrevista expresando su preocupación por que se establezcan lineamientos generales y obligatorios de trabajo con perspectiva de género que obliguen a los operadores jurídicos a adoptar nuevas modalidades de trabajo. 

 

Conclusiones

 

A modo de conclusión, consideramos que el presente análisis exploratorio puede ser significativo para seguir construyendo ideas y propuestas que permitan problematizar y transformar las estructuras que promueven la desigualdad, así como construir redes y herramientas que garanticen el acceso a derechos. En este sentido, conocer las opiniones, percepciones y experiencias de las mujeres e identidades disidentes que viven en nuestra ciudad es fundamental para diseñar proyectos en materia de género que vayan más allá del mero consignismo. 

​

En el contexto actual, en el que el gobierno nacional elimina y desfinancia programas estatales vinculados a promover la justicia de género, deslegitima al movimiento feminista y toma medidas que afectan especialmente la vida de mujeres y disidencias, resulta urgente fortalecer y crear espacios de encuentro, redes y herramientas comunitarias.